Ha pasado tanto de las denuncias penales contra el exintendente Albino Ferrer y no se ha visto resultado que nos brinde confianza en el Ministerio Público, lo mismo ocurre con el intendente Alcibíades Quiñonez, muy a pesar de que los supuestos hechos de corrupción resultaron escandalosos. Lo que muestra claramente que el ministerio no representa a los sanlorenzanos.
Pasó tanto de las denuncias penales contra el exintendente Albino Ferrer y no se ha visto resultado que nos brinde tranquilidad, lo mismo ocurre con el intendente Alcibíades Quiñonez, quien en tiempo récord lleva al menos ocho denuncias.
De esas últimas denuncias la Contraloría detectó unas 12 irregularidades administrativas en el proceso de licitación de la famosa “plaza de oro”, igualmente en el caso “caseta de oro”.
Lo paradójico del caso es que el intendente Quiñonez no solo se comprometió en transparentar su gestión, también en seguir de cerca las denuncias contra su predecesor, especialmente los argumentos que amenazaron la intervención. De hecho, y llamativamente, no dio a conocer su corte administrativo, algo que toda administración seria haría, sobre todo en aquel escenario.
Todo, a pesar de lo escandaloso que resultó. Esto se puede notar más en las protestas frente a la sede de la Fiscalía local, como un 28 de septiembre de 2018, donde ciudadanos autoconvocados exigieron justicia sobre un caso de Fonacide, que según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), la Municipalidad recibió en 2013 más de G. 9.549 millones y utilizó más de G. 8.485 millones para obras y almuerzo escolar sin llamar a licitación, contraviniendo la ley de Contrataciones. Ese mismo mes, pero del año 2016, otro grupo de ciudadanos se manifestó contra la fiscal Viviana Riveros por retener una investigación de enriquecimiento ilícito contra Albino Ferrer.
Así pues, seguimos con la inacción del Ministerio Público, su pésimas investigaciones, su falta de profesionalismo y patriotismo. Pareciera que son los primeros encubridores al actuar con indiferencia y hasta especialistas en blanquear a los corruptos en el ámbito judicial.
Si bien en la presente editorial abordamos exclusivamente la labor del Ministerio Público, no es menos importante mencionar a otras instituciones que también pasan por el mismo nivel de credibilidad: Poder Ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Consejo de la Magistratura.
Es oportuno recordar que la investigación de los hechos punibles es una responsabilidad del Ministerio Público, que, de acuerdo a la Carta Magna, representa a la sociedad, la mismísima Ley Orgánica del Ministerio Público indica que debe promover la acción penal en defensa del patrimonio público y actuar de oficio…
Y como ya no albergamos optimismos alguno, no queda otra que asumir que los sanlorenzanos no estamos representados por el Ministerio Público.
