La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) declaró la nulidad de 14 proyectos de empedrados, ya que, “se encuentran viciados de inconsistencias administrativas”. Los procedimientos corresponden al periodo del exintendente Alcibíades Quiñonez.

Hoy dieron a conocer la resolución (3966/2021) del titular de la DNCP, Pablo Seitz, que decidió declarar la nulidad de seis «procedimientos licitatorios» y ocho «procedimientos de contratación», entre ellos la construcción de empedrado en la calle sin nombre, desde Dr. Paciello hasta Ana María Curie, al costado de la plaza pública del Palacio de Justicia.

Ante esta situación, la DNCP procedió a bloquear el código de contratación de conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 11/2021. No obstante, la institución municipal podrá solicitar el desbloqueo del código de contratación únicamente a los efectos de realizar pagos por entregas y servicios efectuados antes de la anulación de la adjudicación. Para el efecto deberá solicitar expresamente el desbloqueo cumpliendo una serie de exigencias.

Además se recomienda a la Municipalidad “a deslindar responsabilidades en el ámbito administrativo”, y “remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios”.

El Ejecutivo fue notificado sobre la resolución este jueves.

El intendente Nery Quiñonez entregó a la Junta Municipal un informe extenso que detalla el estado administrativo en que encontró la municipalidad. El exintendente Alcibíades Quiñonez, quien busca su “rekutu”, malversó los recursos municipales dejando millonarias deudas, generando no sólo daños a la institución, también a los funcionarios.

El informe, que fue compartido en la víspera en la sesión de la Junta, revela el caos administrativo y la falta de gestión que caracterizó a la gestión del exintendente Alcibíades Quiñonez.

Entre las irregularidades mencionadas está la falta de pago a la Caja de Jubilaciones correspondiente al mes de junio, los montos descontados de los funcionarios municipales no fueron transferidos, unos 316 millones de guaraníes, lo que generó una multa, tanto al funcionario como a la Municipalidad.

Respecto al IVA aplicado a los contratados, el concejal Nelson Peralta explicó que no se presentó ningún recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, pese a un pedido de la Junta, por lo que los funcionarios siguen sufriendo el polémico descuento del 10%. Como si fuera poco, las retenciones descontadas no fueron transferidas a la Secretaría de Tributación, tampoco se sabe dónde está el dinero. Ante está situación la institución municipal fue multada con aproximadamente 17 millones de guaraníes, lo que constituye un daño patrimonial. La nueva administración se vio obligada a pagar inmediatamente, ya que, era inminente el bloqueo de su Registro Único del Contribuyente (RUC).

También se detectó que no se pagó por insumos a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI). La deuda ascendió a G. 234 millones.

Los asesores tampoco cobraban desde el pasado mes de abril.

El informe refiere que los cheques robados durante un asalto a funcionarios que se desplazaban en una camioneta el pasado 6 de mayo no fueron cancelados, por tanto, unos 53 millones de guaraníes de la recaudación de aquel entonces no se recuperaron.