La Duma del Estado o Cámara Baja de Rusia adoptó ayer una ley que prohíbe la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales», la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine, e introduce multas de hasta 10 millones de rublos (165.200 dólares o 160.500 euros) por violar la legislación.
Por EFE
«Prohibida la promoción de relaciones sexuales no tradicionales. Será sancionada cualquier propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. También se ha introducido una prohibición a la promoción de la pedofilia y el cambio de sexo. Las multas ascenderán a hasta 10 millones de rublos», informó la Duma en un comunicado tras adoptar en tercera y última lectura la ley.
La legislación supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía la prohibición de «propaganda LGBTQ+» entre menores a los adultos. La Duma adoptó la legislación en segunda lectura e introdujo además una serie de enmiendas al texto para ampliar su alcance a la pedofilia y la reasignación de género.
El proyecto de ley ha sido duramente criticada por asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ya señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente nuevo.
«El nuevo proyecto de ley de propaganda gay no solo priva descaradamente a las personas LGBTI de su derecho a la libertad de expresión y respalda su discriminación, sino que probablemente también dará lugar a un aumento de los ataques violentos y otros delitos motivados por el odio contra ellas», sostuvo la directora para Europa del Este y Asia Central de AI, Marie Struthers.
El argumento de la amenaza de políticas liberales de occidente
Unos 400 diputados, incluido el presidente de la Duma Viacheslav Volodin, participaron en la redacción de la ley, justificada ayer por la Cámara Baja como una «solución que protegerá a nuestros niños, el futuro del país, de la oscuridad que se extiende por EEUU y los Estados europeos».
La legislación, que ahora pasa al Senado, considera propaganda «la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales».
El texto introduce la prohibición de «la propaganda de relaciones no tradicionales», la pedofilia, así como la prohibición de la difusión de información sobre las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine.
También están prohibidos «llamamientos» al cambio de sexo entre adolescentes en estos medios de difusión.
Además, establece la prohibición de emitir un certificado de distribución a una película que contenga materiales que promuevan relaciones y preferencias sexuales «no tradicionales».
La ley asimismo prevé la introducción de un mecanismo que restrinja el acceso de los niños a escuchar o ver información LGBTQ+ en servicios de pago, de manera que se exigirá la introducción de un código u otro tipo de medida para confirmar la edad del usuario.
Al mismo tiempo, se prohíbe el acceso a la información LGBTQ+ a los menores de 18 años.
La legislación establece además la prohibición de la venta de bienes, incluidos los importados, que contengan información LGBTQ+.
Cuantiosas multas por la «propaganda LGBTQ+»
Por otra parte, la ley introduce multas por la «propaganda LGBTQ+» para los ciudadanos de hasta 100.000 rublos (1.650 dólares o 1.600 euros), que ascenderán al doble si se trata de funcionarios.
La misma «falta» incurrida por una persona jurídica acarreará una multa de un millón de rublos (16.650 dólares o 16.000 euros).
Estas sanciones se multiplicarán por dos en caso de «propaganda LGTBQ+» entre menores.
Las mayores multas serán impuestas por propaganda de la pedofilia, que para los ciudadanos serán de hasta 400.000 rublos (6.600 dólares y 6.400 euros) y que se multiplican si los sancionados son funcionarios.
Para personas jurídicas la sanción económica asciende a hasta 10 millones de rublos (165.200 dólares o 160.500 euros).
En determinados casos las personas jurídicas podrán ser castigadas hasta con 90 días de suspensión de actividades.
Los extranjeros y personas sin ciudadanía serán sancionados con el mismo monto que los rusos, con la particularidad de que en caso de agravantes, como es el uso de internet y medios de comunicación para hacer «propaganda LGTBQ+», podrán ser expulsados del país.
