El diario Última Hora recogió un estudio del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), donde este advierte que la estabilidad macroeconómica o el grado de inversión no garantizan la sostenibilidad fiscal sin reformas estructurales.
Paraguay logró recientemente un segundo grado de inversión, un reconocimiento basado en la estabilidad macroeconómica, la inflación controlada y una trayectoria de «prudencia» fiscal.
Sin embargo, un estudio del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) advierte que este logro, aunque relevante, no garantiza por sí solo la sostenibilidad fiscal ni mejoras estructurales, en un país que arrastra desequilibrios de fondo que siguen sin resolverse.
El estudio fue elaborado por el economista Rodrigo Ibarrola y publicado en la revista 89 del Cadep, bajo el título Economía y Sociedad Análisis 2025 de Políticas Públicas. En este se señala que Paraguay no enfrenta una crisis inmediata, pero sí «una pérdida progresiva de margen de maniobra de la política fiscal, en un contexto internacional más incierto, especialmente por las decisiones tomadas desde Washington».
«La economía paraguaya no enfrenta una crisis, pero sí un cambio de régimen. La estabilidad macroeconómica, sin reformas estructurales, inversión suficiente y un Estado con mayor capacidad fiscal, corre el riesgo de convertirse en un equilibrio de bajo crecimiento, alta informalidad y limitado desarrollo», advierte.
Afirma que uno de los factores que empieza a presionar las cuentas públicas es la deuda y que, pese a que Paraguay mantiene niveles moderados en comparación con otros países, el problema ya no está en cuánto se debe, sino en cuánto cuesta pagarla, además de resaltar la baja presión tributaria del país.
El análisis indica que el servicio de la deuda absorbe una porción cada vez mayor del presupuesto y comienza a desplazar recursos que antes iban para inversión pública.
«El crecimiento económico reciente ha sido financiado crecientemente con deuda, y una proporción cada vez mayor del presupuesto se destina al servicio de la deuda pública, es decir, al pago de intereses y amortizaciones. Esto implica que la deuda deja de cumplir su función de amortiguador y comienza a transformarse en una fuente de rigidez fiscal. Cada guaraní destinado a pagar deuda pasada es un guaraní que no puede utilizarse para inversión pública, infraestructura, educación o salud», sostiene Ibarrola.
Pone especial énfasis en la situación del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público, más conocido como la Caja Fiscal, que ya se convirtió en uno de los principales problemas estructurales del Estado, con un déficit permanente y creciente que depende cada vez más de las transferencias del Tesoro, reduciendo el margen para otras áreas claves. Advierte que seguir postergando una reforma previsional no solo agrava el problema, sino que encarece su costo en el futuro.
«Postergar reformas previsionales eleva el costo futuro y también reduce espacio fiscal para inversión y gasto social, y a medida que se acercan las épocas electorales será un debate más difícil de llevar a cabo», señala el Cadep.
También menciona que, aunque se avanzó en la creación de una Superintendencia de Jubilaciones, la «falta de avance en su conformación efectiva debilita la supervisión, transparencia y gobernanza del sistema previsional y de ahorro de largo plazo».
Por último, el estudio recuerda también como uno de los déficits de la gestión fiscal del actual Gobierno la acumulación de atrasos a proveedores, como farmacéuticas, constructoras, entre otros.
«Más allá de un segundo grado de inversión se requiere más que estabilidad coyuntural. Se necesita fortalecer reformas e instituciones: Reglas fiscales creíbles, sostenibilidad de pensiones, transparencia del gasto y predictibilidad en la política económica», concluye el análisis.
«Informalidad persistente y salarios reales estancados»
El análisis también pone el foco en la informalidad laboral, que sigue siendo elevada pese al crecimiento económico, con más del 55% de los asalariados privados y el 77% de los cuentapropistas sin formalización.
«Esto implica que aún persisten baja productividad, escasa protección social, limitada recaudación tributaria y una débil transmisión del crecimiento al bienestar», apunta el reporte.
Afirma que esta situación no se limita solo a un fenómeno laboral, sino que es resultado de «debilidades institucionales, baja capacidad estatal y un tejido productivo poco sofisticado», con lo que se demuestra que el crecimiento económico «no está generando suficientes empleos formales y productivos como para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores».
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