El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se refirió al pedido de sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, por el caso Metrobús, y cuyo pedido fue decretado ayer por el juez Humberto Otazú.
Durante una charla con el programa «Tarde de Perros», que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el procurador afirmó que los argumentos que utilizó el entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, no fueron corroborados. Recordó además que estos argumentos fueron desmentidos por el tribunal arbitral que afirmó lo contrario, por ende, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico, la única razón, por la que se suspendió la obra fueron razones políticas.
En ese sentido, recordó que existe ese Laudo arbitral, a raíz de la contienda entre Mota Engil y el MOPC, se sacó un laudo que dejó parcialmente anulado y ahora pasó a la Corte de Acciones de Inconstitucionalidad. En todo ese proceso se discuten varios aspectos, menos dos cuestiones que ya han quedado firmes y tienen que acatarse.
Mencionó que esas dos cuestiones son: que no hubo incumplimiento por parte de la constructora, por ende, no puede haber daño patrimonial, por eso también el Estado tiene que devolverle los fondos de reparo. Si bien, hubo algunas cosas que reparar en lo edificado, eso puede ser compensado con la deuda que se generó a raíz de los fondos de reparo por G. 600 millones aproximadamente, que tiene que pagar Mota al MOPC.
«Entonces, lo que se demuestra que los argumentos que se utilizaron para suspender la obra del Metrobús, se basaron en premisas falsas. Porque los argumentos que utilizó el entonces ministro de Obras Públicas, no fue corroborado, es más fue desmentido, el tribunal arbitral afirmó lo contrario. Por ende, creemos que, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico la única razón por la cual se suspendió la obra fue una razón política. Mientras que el daño patrimonial causado fue destruir todo lo que se había edificado hasta ese momento», explicó.
Respecto a la participación de la Procuraduría General de la República, González indicó que lo hace en representación de los intereses del Estado en carácter de víctima, ya que la acción penal pública la lleva el Ministerio Público, mientras que por otra parte están los imputados. Por tanto, es la Fiscalía el que presenta la propuesta del sobreseimiento provisional, y el juez le permite la palabra a la PGR en representación de la víctima, para su consideración.
Sobreseimiento provisional
El juez Humberto Otazú decretó el jueves el sobreseimiento provisional para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús. La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
La decisión del magistrado penal de garantías surge tras la propia pericia encargada por el Ministerio Público posteriormente a la acusación, la cual descartó un daño patrimonial para el MOPC durante la administración de Jiménez Gaona. La defensa del exsecretario de Estado, ejercida por el abogado Ricardo Preda, manifestó que bajo la gestión de su cliente la obra vial fue entregada al gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2018, con una ejecución del 18,5 %, razón por la cual considera que no se sustenta la imputación.
Al tratarse sobre la indagación de un delito, el Ministerio Público dispone como plazo un año para requerir la reapertura del procedimiento, en caso de que lo considere pertinente. Asimismo, el juzgado considera que el órgano extrapoder tiene incoherencias en cuanto a la existencia o no de daño patrimonial, por lo que se debería realizar una serie de 14 diligencias en dicho lapso.
«Las diligencias deben ser precisas y exactas, no podemos dejar abiertas esta puerta, ya que deben versar sobre los hechos que ya fueron investigados para esclarecer la investigación y tener la certeza de que la hipótesis inicial es correcta o no», sostuvo Otazú ante los medios de comunicación.
En la acusación formulada el 11 de abril del 2024 por la actual fiscal adjunta María Estefanía González y ratificada por sus colegas Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva, se hace mención a un supuesto daño patrimonial equivalente a USD 23.000.000. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow, el 28 de mayo del 2018.
La imputación fiscal también fue impulsada contra el entonces encargado del ambicioso proyecto de transporte público que tenía como finalidad garantizar un servicio de calidad para los ciudadanos de la capital y el área metropolitana, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el 12 de julio de 2024. Entre las inconsistencias de la investigación fue señalada la polémica decisión política del gobierno abdista, a través de su ministro Arnoldo Wiens, de suspender el proyecto en perjuicio de la ciudadanía.
Capricho de Marito para agradar a ABC, según senador
El senador colorado Gustavo Leite indicó que con el sobreseimiento provisorio que el juez Humberto Otazú otorgó al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sobre el caso Metrobús se demuestra que no hubo irregularidad o dolo en la administración, y que la decisión de suspender fue por puro «capricho de Marito (expresidente Mario Abdo Benítez) y para agradar a ABC».
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el parlamentario brindó su parecer ante la disposición del juzgado con relación al exministro de Obras Públicas, que había sido acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús.
«Lo que se demuestra es que no hubo ninguna irregularidad y mucho menos dolo, de parte de la administración del entonces ministro Jiménez Gaona. Porque ese Metrobús se suspendió por capricho de Marito, y para agradar a ABC, esa es la realidad», expresó.
No obstante, el senador Leite indicó que, si uno observa la región, sobre todo Buenos Aires, u otras ciudades, la única solución para el tránsito urbano son este tipo de metrobuses.
«Son soluciones más baratas que los trenes, o los metros, o los trenes elevados y demás opciones, que salen mucho más caros y que obligará a que el Estado gaste más dinero en subsidios», indicó.
Por tanto, señaló que la solución más económica que le da dignidad a los usuarios de transporte público es el Metrobús con carriles especiales.
«Si uno mira incluso, la avenida 9 de Julio o la avenida Juan B. Justos de Buenos Aires, que yo conozco muy bien, porque me he subido en Metrobús en Buenos Aires, y es muy agradable y muy digno viajar en él. Así que espero que se retome esto, y que muy pronto tengamos un nuevo sistema de transporte público basado en la calidad para todos los pasajeros. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta», concluyó.
La Nación/ Universo 970Am
