Ante la falta de respuestas, el concejal Isaac Rojas reiteró a la Intendencia una serie de pedidos informes respecto al ejercicio fiscal 2024. Por otro lado, solicitó a la Presidencia de la Junta y por mandato del pleno que la Contraloría audite el mencionado ejercicio con base a un dictamen de Auditoría Interna, que refiere, entre otros, un presunto daño patrimonial.

La semana pasada, en la adelantada sesión ordinaria de la Junta Municipal, el concejal Isaac Rojas (PLRA) reiteró un pedido de informe a la administración del intendente Felipe Salomón sobre el ejercicio fiscal 2024. La dudosa Memoria y Balance General, Ejecución Presupuestaria e Informes Financieros del Ejercicio Fiscal 2024 había sido aprobado el miércoles 15 de abril de 2025. Votaron en contra Isaac Rojas, Nicolás Verón (San Lorenzo Puede) y sorpresivamente Luz González (PLRA).

Primer cuatrimestre

En su nota, el concejal refiere que en ocasión del análisis del primer cuatrimestre en la Ordenanza N° 12/2023 se aprobaron ingresos y gastos por organismo financiador, en el ajuste realizado, se disminuyó royalties y se aumentó genuino. Se consultó: «¿Cómo queda lo aprobado por ordenanza? Atendiendo a que sufrieron variaciones los gastos. ¿Y el equilibrio con los ingresos? Ya que no se remitió ajuste en ingresos, tampoco la resolución justifica la variación».

Segundo cuatrimestre

Entre la ejecución presupuestaria de ingresos del mes de abril y mayo, en la columna de devengado/acumulado, en el mes de mayo debía reflejar exactamente lo ejecutado (recaudado) a abril. El reporte de abril arroja la suma de G. 70.871.798.504, mientras que en mayo el reporte fue de G. 70.877.465.996, dejando una diferencia de G. 2.667.492. La pregunta fue: «¿Cómo se dio ingreso a ese dinero de abril en junio, cómo emitió el sistema el comprobante de ingreso de abril en junio, cómo quedó el comprobante de ingreso que se emitió en ese concepto?».

Por otro lado, el Consejo de Desarrollo Pro San Lorenzo sigue sin presentar su rendición de cuentas a la Junta Municipal.

Tercer cuatrimestre

Con relación al comportamiento de gastos de mes a mes durante el 2024, se observó que el promedio de (6 mil millones) se triplicó en diciembre.

En relación a los informes financieros se realizaron las siguientes observaciones: 1, no se dio cumplimiento a la ordenanza de presupuesto y al artículo 186 de la Ley Orgánica Municipal que dispone que a más tardar el 30 de enero debe de elaborarse y aprobarse el plan financiero, pese a las solicitudes de la Junta. 2, tampoco se dio cumplimiento al artículo 34 de la ordenanza de presupuesto y al artículo 167 de la Ley Orgánica Municipal que dispone que la Intendencia deberá elaborar y presentar a la Junta Municipal a más tardar el 28 de febrero del 2024 un plan quinquenal y anual de pavimentación, basado en un relevamiento técnico, el interés general y las estimaciones financieras del fondo especial para la pavimentación. Dicho plan debe ser actualizado anualmente e incorporado su ejecución en la ordenanza de presupuesto. 3, se realizaron pagos en violación a la ordenanza de presupuesto que establecía que el rubro de gastos de representación debía ser asignado al intendente en su carácter de representante legal y a los concejales municipales en carácter de responsables de la conducción política legislativa de la identidad. Sin embargo, se observaron pagos efectuados en dichos conceptos al secretario general y a la directora general de Administración y Finanzas.

En cuanto a la remisión del informe financiero, la intendencia no remitió los siguientes documentos: 1, extractos de cada cuenta, solo conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2024. 2, detalle de la deuda flotante, fue ingresado posterior al tratamiento de los informes financieros en la Junta. 3, se modificaron los montos con relación a la ordenanza aprobada sin ser comunicado a la Junta Municipal. 4, montos de la ejecución que forma parte de los informes financieros, no coinciden con la ejecución agregada al informe del tercer cuatrimestre, ambos al 31 de diciembre de 2024, con respecto a lo recaudado. 5, en los informes se evidencia uso de los fondos de inversión en gastos corrientes, sin que haya sido agregada al informe la resolución que lo justifique, ni prevea un plan de reposición.

Presunto daño patrimonial

De acuerdo con el informe del director general de Auditoría Interna de la institución municipal, la administración Salomón habría incurrido en algunos presuntos hechos que configuraría daño patrimonial.

1. G. 177.379.519 en costo financiero abonado por la demora en el pago del préstamo contratado en el 2023.
2. G. 6.979.301.477 correspondientes a fondos de inversión fueron utilizados en el 2024, pero devueltos con ingresos de 2025, pero ese dinero ya no podrá financiar el 2025, debido a que en el 2024 se había utilizado.
3. Gastos en la ciclovia municipal. Recursos de capital y fondos de inversión en inmueble que no es propiedad de la institución.
4. Tampoco se tiene retorno de solicitudes de informes sobre desapariciones de bienes institucionales: las butacas del polideportivo municipal, varios equipos y maquinarias de la mataderia municipal.
5. Respaldo y detalle de las obras pagadas por orden judicial.
6. Cobro en varios conceptos como funcionario municipal de Gustavo Rolando Gómez Servín, director general de Talento Humano de la Municipalidad de San Lorenzo y en la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal (al mismo tiempo).
7. No fueron remitidos a la Junta Municipal los contratos suscritos con los adjudicatarios o concesionarios en virtud de los llamados a licitación pública y a licitaciones por concursos de ofertas para su respectiva aprobación o rechazo, en violación al artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal.

Dictamen de Auditoría Interna a la Contraloría

Asimismo, fue aprobado por unanimidad que el dictamen DGAII N° 04/2025 de la Dirección General de Auditaría Interna Institucional, que registra presuntos daños patrimoniales expuestos más arriba, sea remitido a la Contraloría General de la República (CGR) a fin «de que pueda ser objeto de una auditoria el periodo al que corresponde el mismo».

Pedido de informe al secretario general

Finalmente, solicitó explicaciones al secretario general, Santiago Rojas, respecto a las escasas resoluciones publicadas, ya que «solo se hallan publicadas (en el icono de transparencia del portal institucional) 5 resoluciones promulgadas, de más de 100 dictadas por esta Junta Municipal, soslayando su responsabilidad jurídica, establecida en el Art. 44° de la ley 3966/2010».

El pedido de informe tiene en un plazo máximo de 48 horas, pero hasta la fecha no fueron respondidos, confirmó el proyectista.

Quedó inaugurado el viernes el Centro Integral de Neurodesarrollo Infantil (CINDI) impulsado por la Gobernación del Departamento Central. El CINDI está ubicado en el barrio Las Mercedes.

El acto de inauguración fue presidido por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), al que también estuvieron invitados autoridades nacionales y locales.

«Me enorgullece bastante inaugurar este tipo de obras, porque son esperanzas para muchas familias que tanto necesitan», expresó el gobernador Estigarribia.

El Centro Integral de Neurodesarrollo Infantil (CINDI) brindará atención gratuita e integral a niños con trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo. El servicio incluirá diagnóstico, tratamiento, seguimiento y orientación a las familias.

Las especialidades que ofrecerán son pediatría, fisiatría, neuropediatría, psiquiatría, psicología clínica, neuropsicología, psicopedagogía, fonoaudiología, odontología, nutrición, estimulación temprana, terapia ocupacional, educación física, hidroterapia y kinesiología.

El CINDI está ubicado en la calle Porvenir 6.954, a ocho cuadras de la Ruta PY02.

Las atenciones comenzarán el lunes 19 de mayo, de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00. Para acceder a los servicios, las familias ya pueden agendar citas exclusivamente vía WhatsApp al número (0974) 636 005.

El Ejecutivo había solicitado a la Junta Municipal una cooperación para la redacción de un anteproyecto que prohíba la permanencia de limpiavidrios y cuidacoches en la vía pública. Sin embargo, el proyecto aprobado por la Junta no menciona a los limpiavidrios, tampoco modificó o derogó la ordenanza de limpiavidrios. Al parecer los concejales ni miraron el proyecto.

El lunes pasado la Junta Municipal aprobó sin modificación la Nota IMSL N° 189/2025, Intendencia Municipal sobre proyecto de ordenanza por la cual prohíbe la permanencia de los trabajadores informales denominados cuidacoches en la ciudad de San Lorenzo, remitido el pasado 23 de abril. El proyecto fue aprobado con la abstención del concejal Isaac Rojas (PLRA).

De acuerdo con el pedido de «cooperación para la redacción y actualización» del «proyecto de ordenanza que prohíbe la permanencia de limpiavidrios y cuidacoches en la vía pública (…) a los efectos de garantizar el libre acceso y uso de los espacios públicos a la ciudadanía en general», y la forma en que quedó aprobado, el proyecto registra desprolijidades, lo que confirma que la misma no fue estudiada como corresponde.

«POR LA CUAL SE PROHÍBE LA PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES INFORMALES DENOMINADOS «CUIDACOCHES» EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y SE DISPONE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE EN MATERIA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMAL (sic)», indica el acápite del proyecto. Como se puede leer, en el texto no se incluyó a los limpiavidrios, tampoco en ningún artículo.

Asimismo, no se define en el considerando la «denominación de cuidacoches».

Cabe recordar que la ordenanza que prohíbe la presencia de limpiavidrios en las calles es la 05/2016.

Consultado sobre el tema a algunos municipalistas, sostuvieron que lo ideal es derogar las relativas al caso como la 05/2016 y dictar una nueva ordenanza.

Alcances del proyecto

«Se prohíbe la permanencia y actividad de los trabajadores informales denominados cuidacoches en las calles, avenidas, veredas, plazas, en inmediaciones de establecimientos de salud, establecimientos educativos, edificios públicos, y demás espacios públicos de la ciudad de San Lorenzo (sic)», determina el proyecto en su artículo 1.

Mientras que en el artículo 2 la Dirección de la Policía Municipal estará encargada de la aplicación de la ordenanza, y coordinará acciones con la Policía Nacional y otras instituciones públicas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la disposición. Pero no precisa en que casos requerirá de la Policía Nacional y cuales son los figuras legales que lo respaldan.

El artículo 3 señala la «estrategia de abordaje y capacitación».

De los «Principios Generales»: «La Municipalidad de San Lorenzo establece que todos los automovilistas tienen derecho a estacionar libremente en los lugares permitidos sin necesidad de abonar suma alguna a terceros. Se prohíbe expresamente cualquier cobro o exigencia económica por parte de personas que realicen la actividad informal de cuidacoches».

En los apartados sucesivos indica que se debe de realizar una «Campaña de Concienciación Ciudadana», la «Habilitación de Canal de Denuncias», las «Acciones de Control y Fiscalización»; «Programas de Inserción Laboral y Social», en ese sentido: la Municipalidad, «a través de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Humano y el Departamento de Empleo y Emprendedurismo, implementará un programa de formación laboral para los trabajadores informales afectados por esta Ordenanza».

Por último, «Evaluación y Seguimiento»: para el efecto (a) se creará una mesa de trabajo intersectorial para evaluar la efectividad de la estrategia y ajustar las acciones según las necesidades y resultados obtenidos. B, revisión periódica de las denuncias recibidas y el impacto de los operativos de control. C, participación ciudadana a través de encuestas y consultas para mejorar el abordaje del problema.

Respecto a la vigencia (artículo 4), la «Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación y será de estricto cumplimiento en todo el ejido municipal».

El intendente Felipe Salomón tiene un plazo de 15 días corridos para promulgar, si dentro de ese plazo no veta quedará automáticamente promulgada, según la Ley Orgánica Municipal.

A través de sus redes sociales, el intendente Felipe Salomón informó acerca del inicio de los trabajos de recapado sobre la calle Los Laureles, de San Juan, conjuntamente con el MOPC.

«Miércoles 14 de mayo, feriado nacional, nosotros nos encontramos en el barrio San Juan, la calle Los Laureles, con todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas y funcionarios de la Municipalidad, vamos hacer un recapado general de la zona», informó el intendente Felipe Salomón a través de sus redes sociales.

Agradeció a la ministra Claudia Centurión y al presidente Santiago Peña por «el apoyo», igualmente a sus «compañeros» que están trabajando en el lugar.

Por otro lado, en el marco del Plan Central 2, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prevé la pavimentación de 33 kilómetros, con lo que mejorará la conectividad, agilizará el tránsito y beneficiará a más de 225.000 habitantes. Las tareas comenzaron sobre la calle Azteca.