Hace un año indicábamos que «Se va debilitando el discurso de transparencia», en alusión al comprometedor discurso del intendente Felipe Salomón, en efecto, hoy sin temor a equivocarnos podemos asegurar que ese discurso está muerto, lamentablemente. Algunos de sus directores no han hecho otra cosa que escamotear las solicitudes de información pública.
La semana pasada el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia, de la circunscripción judicial del departamento Central, con sede en la ciudad, hizo lugar a un amparo promovido por el concejal Isaac Rojas (PLRA) contra la Municipalidad de San Lorenzo y emplazó al Ejecutivo a proporcionar información en un plazo no mayor a 15 días, tras un rechazo en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Fernando de la Mora.
El pedido de información es en relación al presupuesto 2023, un amplio y detallado pedido, entre otros, sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos.
Rojas había solicitado a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública del Gobierno Nacional. Pero antes ya pidió como concejal, mediante minutas, pero no fueron respondidas, por lo que tuvo que recurrir al primero.
Ante la posibilidad de una reconsideración, el concejal dijo que si la institución municipal plantea es porque oculta algo: «Si ellos vuelven a pedir que se reconsidere este fallo, quiere decir que (…) la administración de Felipe Salomón algo guarda, algo que no quiere que se sepa».
En otros casos, en mayo del 2022 el mismo Tribunal emplazó a la Municipalidad a entregar las resoluciones de la Intendencia, correspondiente al año 2021 y hasta el momento de la entrega del pedido formulado. Las mismas habían sido negadas al comunicador Daniel Vargas.
¿Todo esto a qué costo económico? Totalmente innecesario. A propósito, la institución posee un gasto judicial de 1.000 millones de guaraníes aproximadamente del año pasado, cuyos detalles se desconocen, ya que no fue respondido el pedido de informe en cuestión. Probablemente se trata de casos perdidos contra algunas empresas.
Algunas directoras, como Karina Valdovinos de Administración y Finanzas, no han hecho otra cosa que escamotear las solicitudes de información. Así como ignorar las denuncias penales de supuesto cobro indebido (gasto de representación) en contra suya.
En definitiva, no hay trasparencia y esto contribuye a erosionar fuertemente la credibilidad del intendente Felipe Salomón.
La transparencia es fundamental para el sistema democrático, un aspecto elemental en una gestión eficiente y comprometida con el interés común, desapegarse de la misma solo deja dudas, y, lo que es peor, contribuye con la corrupción y la arbitrariedad.
