La Junta Municipal aprobó ayer un pedido de información al Ejecutivo sobre el informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) realizado a las administraciones de Alcibíades Quiñonez y Nery Quiñonez. En otra minuta, el concejal Nicolás Verón presentó el informe y pidió denunciar, pero no prosperó.

A pedido del concejal Isaac Rojas (PLRA) se aprobó el mencionado informe, en el que, entre otros puntos, consulta «si ya fue comunicado oficialmente a la Municipalidad de San Lorenzo, el informe final emitido por la Contraloría General de la Republica, en el marco de la Resolución CGR N°487/21».

Mientras que, en otra minuta, el concejal Nicolás Verón (Concertación San Lorenzo Puede) encomendó a Asesoría Jurídica la preparación de una denuncia penal en nombre y representación de la Junta Municipal y el Ejecutivo de la Municipalidad contra los exintendentes Alcibíades Quiñonez (actual concejal) y Nery Quiñonez, por los hechos punibles contra el patrimonio y contra el ejercicio de la función pública, «siendo estos meramente enunciativos y no taxativos a lo que surja de la investigación y/o consideren los profesionales para mejor proceder».

La propuesta del concejal Verón no prosperó y fue girado a comisiones con el argumento de que la Junta no posee el informe de la Contraloría.

Daño patrimonial

De los 15 puntos citados por el concejal Nicolás Verón, por ejemplo, en el punto 2, refirió que las administraciones de Alcibíades Quiñonez y Nery Quiñonez no depositaron las recaudaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad en los plazos previstos, incumpliendo varias disposiciones legales, constituyéndose la misma en hecho punible contra el patrimonio.

El Juzgado Penal de Garantías N°2 de Luque rechazó por improcedente el amparo presentado por el concejal Derlis Acuña, quien demandó al grupo San Lorenzo Sin Censuras, de Facebook, administrado por Melitón Bittar, debido a una «constante campaña de persecución y desprestigio».

El recurso de amparo, presentado la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado Hugo Vergara, solicitó el auxilio judicial para lograr el resguardo de la «imagen, reputación, honor y dignidad» de su representado, así solicitaron la eliminación de las publicaciones contra el concejal Derlis Acuña en el mencionado grupo.

En ese contexto, el Juzgado Penal de Garantías N°2 de Luque decidió rechazar la acción por improcedente bajo el argumento principal de que no se agotaron las «vías ordinarias».

«Es así que es posible afirmar que, en el caso de autos, las vías ordinarias se encuentran en marcha y, se verifica también que son las previas y necesarias inclusive para determinar concretamente quienes eventualmente serían los particulares involucrados, de confirmarse la existencia de lesión de derechos del demandante», señala un fragmento de la sentencia.

Sigue: «En ese orden de cosas, esta vía excepcional no puede sobreponerse a coexistir con la ordinaria ya iniciada, puesto que justamente mediante el amparo se pretende restaurar de un modo residual los derechos, cuando ya no existe otra forma de lograrlo».

No es la primera vez que el polémico dirigente liberal es demandado por una autoridad municipal. En octubre de 2013 tras la inauguración del Mercado Florida fue querellado por el entonces intendente Albino Ferrer, por supuesta difamación, calumnia e injuria. El caso sigue abierto, según aclaró Melitón Bittar.