A menos de un mes de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, resulta imperativo alertar a la ciudadanía sobre un fenómeno recurrente que erosiona nuestra democracia local: la presencia de candidatos «escombro» que pululan en el escenario político. Tanto las principales fuerzas partidarias tradicionales como diversos sectores minoritarios presentan figuras desgastadas, cuestionadas y carentes de legitimidad ética. Frente a esta oferta, el desafío fundamental del electorado sanlorenzano será remover esa pesada carga y liberar a la ciudad de quienes actúan como verdaderos frenos para su desarrollo.
El próximo periodo municipal (2026-2031) definirá el rumbo de San Lorenzo a través de la elección de un intendente y 12 concejales. Cabe recordar que, mientras el intendente encabeza el Ejecutivo Municipal, la Junta Municipal actúa como el órgano deliberativo esencial encargado de dictar ordenanzas, aprobar o rechazar presupuestos y, fundamentalmente, fiscalizar la gestión comunal. Se trata de uno de los comicios más trascendentales para la vida cotidiana de los vecinos, por ser el gobierno local el pilar más cercano y directo del sistema democrático.
Sin embargo, la oferta electoral dista de ser alentadora. Predominan postulantes con altas probabilidades de reelección que arrastran un desempeño deficiente e insostenible. En la práctica, la labor de estos legisladores locales se reduce a reuniones de comisión una vez por semana para dictaminar expedientes —instancia signada por un ausentismo crónico— y a asistir a la sesión ordinaria semanal. A esta ínfima carga horaria se le suman constantes llegadas tardías, desinterés generalizado y una alarmante falta de compromiso con los problemas estructurales de la ciudad.
Entre los «escombros» que aspiran a perpetuarse en la Junta destaca el concejal Derlis Acuña, caracterizado por su escasa producción legislativa y por haber actuado como blindaje político ante los dudosos balances del exintendente Felipe Salomón. Las críticas hacia Acuña no se limitan a su ausentismo o a su costumbre de acudir al recinto solo para la foto institucional; en 2022 su figura quedó envuelta en un grave escándalo público tras ser señalado en redes sociales y en el grupo San Lorenzo Sin Censura por un presunto caso de abuso sexual.
Recientemente, Acuña volvió a ser blanco de severos cuestionamientos ciudadanos por intentar atribuirse la gestión de una jornada de limpieza —específicamente el retiro de basura y ramas en un vertedero clandestino del barrio San Ramón— que no le correspondía. La indignación alcanzó también al propio candidato a intendente, Felipe Salomón, cuya gestión en materia de ordenamiento urbano e higiene pública se encuentra abiertamente aplazada.
Si bien la conducta de los concejales salomonistas resulta predecible, causa indignación la actitud de los ediles liberales —populares y despectivamente conocidos como «pytã’i» o salomonistas aliados—. Estos actores debieron, como mínimo, desmarcarse de transacciones políticas opacas, tales como el blanqueo de balances cuestionados o la aprobación de obras con severas sospechas de sobreprecio, entre las que destaca la readecuación del cementerio municipal.
Hoy, como si nada hubiese ocurrido, estos mismos personajes pretenden presentarse ante la sociedad como figuras rectas y renovadas, habiendo «visto la luz» justo antes de la votación. Este cinismo resulta una burla a la inteligencia del contribuyente. En este desolador panorama del legislativo, pocas excepciones destacan, como la del concejal Isaac Rojas, quien ha mantenido una postura firme y fiscalizadora, consolidándose como uno de los contrapesos opositores más coherentes del periodo.
No obstante, la categoría de candidato «escombro» no es feudo exclusivo del bipartidismo. En los sectores de la autodenominada tercera fuerza reaparece Alfredo Lezcano, candidato a concejal por la Alianza Yo Creo San Lorenzo, quien busca retornar a la Junta tras una criticada gestión y su posterior derrota en 2021. Lezcano es recordado por sus posturas zigzagueantes, acusaciones de instrumentalizar la necesidad de personas enfermas durante sus campañas, presuntas influencias para beneficiar a familiares en programas sociales como Tekoporã, un elevado ausentismo y seńalamientos vertidos por sus propios colegas sobre supuestos vínculos con el lucrativo negocio del transporte interno de pasajeros.
A esta nómina de impresentables se suman los denominados «candidatos de fiesta patronal»: oportunistas que reaparecen únicamente en tiempos de efervescencia electoral para pescar en río revuelto, valiéndose de la necesidad o del fervor popular para captar votos sin ofrecer una sola propuesta seria o plan de gobierno estructurado.
Pese a este sombrío diagnóstico, la renovación es posible y la decisión final reside de manera soberana en las manos del electorado. La medida cívica más prudente y urgente que pueden adoptar los vecinos es ejercer un voto castigo consciente, evaluando con rigor la trayectoria, la ética y el desempeño previo de cada postulante. Es momento de limpiar las listas, descartar definitivamente los «escombros» políticos y apostar por candidaturas que devuelvan la dignidad, la transparencia y el desarrollo a la ciudad.
