Con un total de 35 firmas de legisladores de la oposición, el tercer espacio y sectores disidentes, se oficializó este miércoles en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana. La medida se impulsa en medio de un clima de profunda tensión ciudadana y un masivo malestar que afecta a miles de ahorristas y usuarios en todo el país tras el escándalo financiero de Ueno Bank.
El libelo acusatorio presentado ante la secretaría de la Cámara baja estructura el proceso contra el mandatario en cinco ejes fundamentales: conflicto de intereses por su participación en Ueno Holding, manipulación regulatoria para desviar fondos jubilatorios del IPS hacia la entidad, el sobrepaso de límites crediticios encubierto por el BCP, un incremento patrimonial injustificado superior al 1.600 % entre 2017 y el 2023, y el daño sistémico a la confianza del sistema financiero nacional.
Impacto ciudadano y esperanza de votos colorados
Durante la presentación oficial, la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo, fue lapidaria al describir la situación social:
«Hoy 3 millones de personas están sufriendo por haber perdido sus ahorros en Ueno Bank. La mitad de la población está angustiada, está llorando. No tienen ni para comer gracias a Santiago Peña», expresó la parlamentaria.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez instó al bloque oficialista a reflexionar y acompañar el proceso, señalando que dos de cada tres paraguayos se han visto perjudicados de una u otra forma por esta determinación económica. Desde la oposición sostienen que existen expectativas de que legisladores oficialistas molestos por el rumbo de la crisis se sumen a los votos necesarios para destrabar el juicio, especialmente luego de que el propio titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunciara la liberación de los votos.
¿Cómo sigue el proceso en el Congreso?
De acuerdo con el esquema trazado por los proyectistas, los escritos se dividieron en dos etapas: primero se tratará el juicio político contra el presidente Santiago Peña en una convocatoria a sesión extraordinaria, y dependiendo del quórum y de los resultados obtenidos, se solicitará una segunda convocatoria para analizar la situación del vicepresidente Pedro Alliana.
A Alliana se lo acusa formalmente de haber operado un blindaje político y legislativo desde el Congreso para frenar pedidos de informes e investigaciones sobre el banco, de haber impulsado la flexibilización de las leyes de conflicto de intereses (Ley N° 7236/2024), de avalar el desvío de fondos previsionales del IPS y de emitir declaraciones públicas previas donde admitía la necesidad de «arreglar la casa», lo cual —según el libelo— ratifica el reconocimiento fáctico de las graves irregularidades.
Se aguarda la confirmación oficial sobre el día y la hora de la convocatoria a la sesión extraordinaria en la Cámara Baja.
