La Cámara de Diputados dio sanción ayer miércoles al polémico proyecto de ley que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, por lo que crea una Superintendencia y un Consejo de Seguridad Social. Grupos de trabajadores y jubilados se oponen al proyecto de ley por la falta de socialización y debate.
Para su aprobación fue convocada ayer cerca del mediodía a una sesión extraordinaria a las 13:30 que contó con 42 legisladores, cumpliéndose el qorum mínimo.
El proyecto de ley establece la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, con la figura de un superintendente y un Consejo de Seguridad Social, que tendrán como tarea regular y supervisar a las cajas de jubilados de funcionarios de distintos rubros, incorporando también a las cajas mutuales y sociedades anónimas de carácter privado y a las cajas jubilatorias de las binacionales Itaipu y Yacyretá.
Durante su tratamiento en el Senado, el martes, se incorporaron modificaciones en el texto atendiendo a las preocupaciones de grupos de trabajadores y jubilados. Estas corresponden a prohibir al Instituto de Previsión Social (IPS) a no conceder préstamos al Estado, ni entes descentralizados o municipales, ni tampoco instrumentar operaciones con bonos y otro tipo de título de deuda emitidos por el Estado.
También se incorporó que el superintendente y los miembros del Consejo de Seguridad Civil cuentan con responsabilidad civil y penal por sus acciones.
Grupos de trabajadores y jubilados se oponen al proyecto de ley, y se manifestaron en los alrededores del Congreso, por la falta de socialización y debate del proyecto. Además que las modificaciones introducidas en el Senado no fueron objeto de mayor debate y 24 horas después fueron promulgadas por Diputados.
Dentro del Congreso, su tratamiento acelerado en dos días tras un intento que quedó sin qorum la semana pasada también generó críticas de legisladores de la oposición que dejaron sin qorum las dos primeras convocatorias en la mañana de este jueves para su tratamiento.
Desde el Gobierno argumentan que la superintendencia es necesaria para supervisar y «poner límites» a las actividades de las cajas de jubilaciones, y que éstas conservan su autonomía.
Agencia IP
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