
El intendente Felipe Salomón comunicó a directores y jefes la suspensión de bonificaciones, horas extras y no renovación de contratos por falta de liquidez. La medida generó tensión interna y críticas de concejales opositores, que advierten sobre posibles reacomodos políticos y contrastan el ajuste con el aumento del gasto en personal.
La semana pasada, el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, convocó a directores y jefes para anunciar recortes en beneficios laborales —entre ellos bonificaciones y horas extras— y la no renovación de contratos, argumentando que la administración atraviesa un escenario financiero ajustado. Según fuentes internas consultadas por San Lorenzo Hoy, que solicitaron reserva de identidad, el anuncio generó incomodidad tanto por el alcance de las medidas como por el tono de la reunión.
Durante el encuentro, el jefe comunal solicitó que se reporten eventuales casos de funcionarios sin tareas asignadas, «planilleros», un pedido que molestó a parte del plantel jerárquico al considerar que el control corresponde a la Dirección General de Talento Humano, a cargo del cuestionado director Gustavo «Pacho» Gómez. Asimismo, trascendió que Salomón habría cuestionado el respaldo del funcionariado durante las elecciones municipales —«El funcionariado el 50 % nomás me acompañó», según relataron las fuentes—, frase que aumentó el malestar. «Mejor hubiera sido perder las elecciones», expresó con desánimo uno de los consultados.
Entre las áreas alcanzadas por el recorte de horas extras figura Aseo Urbano, un servicio operativo clave que, de acuerdo con los denunciantes, arrastra además pagos por debajo del jornal mínimo legal vigente. De forma extraoficial, se menciona que cerca de 200 funcionarios, entre nombrados y jornaleros, podrían ser desvinculados, incluyendo a trabajadores próximos a la jubilación a quienes se les habría instado a acogerse al programa de retiro voluntario Ña Ñepyrũ Pyahu.
Cuestionamientos y cifras en debate
Las decisiones del Ejecutivo Municipal reavivaron los cuestionamientos en la Junta Municipal. Durante el tratamiento del presupuesto para el 2027, el concejal Pastor Filártiga (Che Kuerái / Unite por SanLo) puso en duda la coherencia del ajuste y sostuvo que las desvinculaciones podrían responder a un reacomodo político. «Quiero entender la política de este ejercicio de gastos. El intendente amenaza con que habrá recortes y que el presupuesto está igual al del año próximo, pero le tiene a una cantidad de gente ‘en cháke’ [amenazada]. Se corta la cabeza de muchísima gente con los contratos para después abrir un portal y meter a su gente o la que responde a cierto concejal», afirmó.
En una línea crítica similar se había pronunciado en junio pasado el entonces concejal Isaac Rojas (PLRA), al analizar el pedido de préstamo por G. 15.000 millones impulsado por Salomón. En aquella ocasión, Rojas señaló que el programa Ña Ñepyrũ Pyahu buscaba reducir la plantilla, pero que el gasto en servicios personales registró un incremento. Según el cuadro comparativo expuesto por el edil, ese rubro pasó de G. 8.623.669.838 en 2024 a G. 8.261.954.246 en 2025, y alcanzó G. 13.289.004.199 a abril de 2026 —un aumento de G. 5.027 millones respecto al período anterior mencionado—. «Por eso dije que no ha hecho nada esta administración para mejorar la crisis económica que tenemos, porque por eso hacemos préstamo, porque si estamos bien, no lo íbamos a hacer», sostuvo entonces.
El escenario de estrechez financiera contrasta con discursos previos tanto de Salomón como de su antecesor, Hugo Lezcano (ANR), quienes defendieron en distintos momentos la solidez de las cuentas municipales y la recaudación, sin que los reclamos por el estado de las calles encontraran solución.
Versiones sobre cupos
En paralelo al malestar por los recortes, fuentes vinculadas al ámbito municipal señalaron que algunos concejales —en particular quienes se acercaron recientemente a la gestión de Salomón— habrían recibido cupos de hasta diez contratos cada uno para consolidar respaldo político, mientras otros sectores habrían obtenido mayor margen de incidencia. Hasta el cierre de esta nota, la Intendencia no brindó una versión pública sobre estas versiones ni sobre el alcance definitivo de las desvinculaciones.









