Una vez más trasciende la falta de transparencia de la administración Quiñonez, en este caso sobre los recursos de royalties que debieron ser invertidos en el marco de la pandemia, como la compra de víveres dirigidos a los más vulnerables, ¿qué pasó? Urge una explicación ante las crecientes especulaciones. Sería gravísimo sumar este tema altamente sensible a la larga lista de escándalos, que, en resumen, no están lejos de ponerse al mismo nivel del corrupto periodo de Albino Ferrer.
En marzo el Gobierno Nacional declaró Estado de Emergencia Sanitaria para el control del cumplimiento de las medidas preventivas ante el riesgo de expansión de la COVID-19, que posteriormente fueron ampliadas.
El 7 de mayo promulgó la ley que modifica la distribución de los royalties a gobernaciones y municipalidades, tal como aprobó el Congreso Nacional, que solamente en el 2020 deben estar dirigidos a la lucha contra la presente pandemia, de la siguiente manera: 1, 40% para la compra de kit de alimentos dirigido a los más vulnerables. 2, 40% para gastos corrientes, que incluyen salarios. 3, 20% para gasto de capital, entre otros.
Según los datos a los cuales pudimos acceder, la Municipalidad de San Lorenzo recibió G. 5.118.000.000 de royalties, correspondiente a los meses de enero a julio, de los cuales no se sabe quiénes fueron beneficiados, y mucho menos el monto total utilizado para la compra de kit de alimentos.
Además, se debe explicar si se utilizó recursos propios para la compra de víveres, y si es así: cuántas personas fueron beneficiadas. No es menos importante que se informe en los mismos términos el monto utilizado de los recursos del Fonacide.
Si bien el Gobierno Municipal entregó kits de alimentos, fue gracias a firmas como Trociuk y Ochsi, unos 5.000 kits. Asimismo asistió a las famosas ollas populares.
Según un informe de la Dirección de Prensa, las mismas fueron distribuidas a varios sectores. Sin embargo, no se tiene ningún registro, salvo aquellas que fueron distribuidas por la Dirección de Discapacidad.
Resulta oportuno el pedido de informe en relación que presentó el concejal Federico Franco el 2 de septiembre, asimismo su reiteración el pasado miércoles durante la sesión de la Junta Municipal.
Apropósito, según la Contraloría General de la República (CGR), tampoco rindió cuentas de los gastos de royalties y Fonacide, por lo que está en las “listas negras”.
Nuestra ciudad como nuestro país estuvo económicamente parado por mucho tiempo por la pandemia, hubo numerosos sanlorenzanos que perdieron sus ingresos y que hasta ahora algunos no pueden recuperarse. Es intolerante que eso eventualmente sea salpicado por la corrupción.
Es lamentable que la administración de Alcibíades Quiñonez no haya dado ni un mínimo de transparencia.
Sería gravísimo sumar este caso altamente sensible a la larga lista de escándalos que sacudieron a su administración, que, en resumen, no están lejos de ponerse al mismo nivel del corrupto periodo de Albino Ferrer.
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