Tras reiteradas denuncias por cobros indebidos en el transporte público local, el legislativo municipal ratificó la tarifa vigente y solicitó un informe detallado al Ejecutivo.
La concejala Luz González se hizo eco de las reiteradas quejas ciudadanas por el cobro irregular en el pasaje del transporte público interno. Según la edil liberal, varias líneas estarían cobrando de forma arbitraria la suma de G. 3.500, vulnerando lo establecido por la regulación local, por lo que exigió el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, la edil manifestó su preocupación ante el clima de tensión y los crecientes enfrentamientos entre pasajeros y conductores a causa de los sobreprecios. «Si no se toman las medidas correspondientes que establece nuestra ordenanza municipal, esto puede acarrear o pasar a situaciones mayores. Ojalá esto no salga de control», advirtió la proyectista.
Pedido de informe al Ejecutivo
Con este trasfondo, la iniciativa impulsada en la Junta busca transparentar los procedimientos, fiscalizaciones y controles que la Municipalidad ejecuta actualmente para frenar los cobros irregulares.
Además, la minuta requiere expresamente la lista de empresas de transporte interno que han sido intervenidas o cuyos buses resultaron demorados en los operativos, junto con el detalle de las sanciones o multas aplicadas según la normativa vigente.
Respaldo unánime y duras críticas a las autoridades
El reclamo de la edil González y el pedido de informe contaron con el respaldo unánime del pleno, desatando además un fuerte cuestionamiento hacia los empresarios del sector y la propia Dirección de Transporte Público local.
Fuerte reclamo a los controles: el concejal Nicolás Verón (PPS) apuntó directamente contra la inacción del área responsable: «¡¿Milciades Espínola, qué hace este señor, qué medidas tomó?! Hace tres meses que venimos con este problema…», cuestionó con dureza respecto al desempeño del director de Transporte Público.
Información visible a los pasajeros: en la misma línea, el concejal Miguel Sotelo (ANR) apoyó los reclamos y propuso una medida concreta: exigir que todas las unidades exhiban de forma obligatoria un cartel informativo que confirme la tarifa oficial de G. 2.800.
Postura firme sin negociaciones: por su parte, los concejales Pedro Martínez (ANR) e Isaac Rojas (PLRA) coincidieron en la urgencia de aplicar las sanciones vigentes. Rojas calificó de «absurdo» convocar a diálogo a los transportistas a esta altura, sentenciando: «Acá nosotros no tenemos nada de qué hablar con ellos».
A su turno, la concejala proyectista ratificó que no amerita una mesa de conversación por el momento, sino que es urgente que la Intendencia actúe. Con el aval de todas las bancadas, el proyecto de resolución fue remitido al Ejecutivo municipal para su aplicación o veto.
