La Junta Municipal aprobó, a pedido del intendente Felipe Salomón, una ampliación presupuestaria de G. 5.895 millones para el presente ejercicio fiscal. No obstante, la oposición cuestionó la ampliación considerando que «no tienen respaldo».
En sesión ordinaria del miércoles pasado, los concejales salomonistas a votazos dieron el visto bueno para la aprobación de una cuestionada ampliación presupuestaria de G. 5.895 millones.
Según expuso el concejal Isaac Rojas (PLRA) al pleno, por ejemplo, el aumento se registra en los siguientes rubros: en impuesto inmobiliario, de 33 mil millones a 36 mil millones.
«En el 2022 recaudamos casi 31 mil millones, en el 2023 30.400 millones, casi 5 mil millones más recaudamos en el 2023, y ahora el auditor nos dice que vamos a recaudar 36 mil millones, ¿en base a qué?», preguntó el concejal Rojas.
Agregó que la recaudación a septiembre fue de 25.900 millones, y que, según el auditor, para el 22 de octubre 29.616 millones (en el proyecto): «Según el auditor, no sabemos, ¿por qué? Porque el sistema se toca nomas (…) y voy a seguir sosteniendo, y ya hice la denuncia también…».
«Como se puede observar, el presupuesto inicial sigue sin justificarse su intención de ampliar a 36 mil millones siendo que los últimos meses del año no son los meses de mayor incidencia en la recaudación», refiere el dictamen del auditor que acompaña el pedido de ampliación que compartió el concejal Rojas.
En otros casos, «rubros otros derechos no tributarios», no se especifican cuáles son los rubros que se liquidan. La misma tiene un presupuesto inicial de 200 millones, ya fue recaudado 700 millones y con la aprobación en cuestión se amplió a 980 millones.
En cuanto la ampliación de gastos, destacó el rubro contrato salud: «Habíamos aprobado 510 millones, pero el intendente reprogramó a 365 millones, ahora nos pide aumentar 55 (millones) otra vez, ¿y, para que tocó? Si es que ya tenía 510 millones, ¿qué lo que pasó acá, entraron más funcionarios, se sobrecargaron más, o seguimos manejando el municipio como un boliche?», cuestionó Rojas.
Asimismo, refirió que se registran aumentos importantes en los rubros de jornaleros y honorarios profesionales, muy a pesar del dictamen del auditor que recomienda que «durante el ejercicio fiscal, es necesario que la Intendencia Municipal adopte medidas de racionalización del Capital Humano (sic) que, si bien puede producir un impacto social negativo, sin embargo, la administración deberá reducir drásticamente, cuanto menos un 25% de su población laboral y de profesionales por un lapso no menor a finales del ejercicio fiscal 2024 que permita generar ahorros suficientes para el repago de las deudas a contraer. Además, será necesaria la adopción de políticas y metas de recaudación que garantice los requerimientos de pagos de los servicios contratados».
Inconstitucionalidad, «según la ocasión«
En otro momento de los cuestionamientos, el concejal Isaac Rojas mencionó que el auditor del Ejecutivo Municipal invocó la Ley de la Función Pública, sin embargo, resaltó que la Municipalidad posee una acción de inconstitucionalidad sobre el mismo.
«¿¡O sea nosotros usamos cuando nos conviene (…) la inconstitucionalidad, cuando no nos conviene no usamos!?», lanzó.
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