Secretismo, información privilegiada y ninguneadas, los principales cuestionamientos contra la «privatizada» organización de los festejos

Ejecutivo blanco de criticas por falta de transparencia.

Sentaron postura en la Junta Municipal los concejales Nicolás Verón e Isaac Rojas.

La Junta Municipal sesionó de forma adelantada el pasado lunes por los festejos.

En el punto 5, minutas, el concejal Nicolás Verón (Concertación San Lorenzo Puede) pidió dejar sin efecto la Resolución N°105/2022, por el cual se designa representantes de la Junta para integrar la Comisión Pro-Festejos Patronales 2022, aprobado hace meses, ya que, no ha tenido participación. «Yo creo que lo correcto en este caso es simplemente dejar sin efecto una resolución que no se hizo cumplir y que el manejo no pasó por esa comisión», sostuvo.

Sin embargo, sus colegas oficialistas prefirieron seguir y se desviaron del punto. Pese a que algunos lamentaron en sesiones anteriores que no se los haya tenido en cuenta, por ejemplo, la concejal Myriam Fernández (ANR).

Los reclamos al Ejecutivo comenzaron la semana pasada, cuando el concejal Isaac Rojas (PLRA) hizo la misma critica, ocasión en que renunció a la comisión por la misma razón.

Seguidamente, el concejal Verón pidió informes respecto al grupo organizador que tuvo a su cargo los festejos, en este caso el Consejo de Desarrollo Comunitario, como la disposición legal de reconocimiento, así como quienes son sus autoridades, al que fue transferido recursos a través del «Rubro 800», del clasificador presupuestario, y cuyo monto hasta hoy se desconoce.

«Acá no es que el Municipio está organizando, el Municipio lo que hizo fue trasferir dinero del contribuyente a esta comisión de Consejo Comunitario (…) Institucionalmente no hemos recibido ni un solo informe de esta comisión», señaló.

Recordó que el intendente Felipe Salomón se comprometió en informar sobre la organización, pero no lo hizo, pese a las inquietudes: «Hasta hoy no tenemos un solo papel».

Otro de los cuestionamientos que se resaltó es que para los conciertos que se llevaron a cabo en la ciclovía solamente a tres firmas se le concedió el espacio para el lucro, entre ellos «La Pachanga», propiedad del concejal Hugo Lezcano.

«No estoy en contra presidente de que ellos puedan participar y que se pueda generar un lucro (…) Pero si estoy en contra que no se haya abierto a los demás locales de San Lorenzo, ¿por qué simplemente un grupito tuvo esta información privilegiada?», lamentó Verón.

En otro momento, conforme a algunas publicaciones periodísticas, advirtió que el «Rubro 800» fue utilizado por otras municipalidades para eludir controles y expresó su deseo de que este no sea el caso.

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