Reducto: desalojan a familias con fuerte dispositivo policial

El procedimiento. (Foto: Lucia Saldivar, San Lorenzo Hoy).

Desde tempranas horas una fuerte dotación policial llegó ayer hasta un predio, tipo asentamiento, quienes acompañaban a un oficial de justicia para proceder con un desalojo de 11 familias. Los ocupantes del inmueble se resisten, alegando que el procedimiento es ilegal.

El desalojo empezó ayer por la mañana en el asentamiento denominado San Miguel, ubicado sobre la calle Maneco Galeano y San Javier, Reducto.

Unas 28 familias se encuentran en un terreno que al principio fue invadido por los mismos, el inmueble pertenece a Ángel Soto, quien llegó a un acuerdo con los ocupantes firmando un documento de compra y venta ante escribanía, según documentos presentados por los afectados.

Por otro lado, el oficial de justicia, Guido González, quien llegó con una orden firmada por el juez Jorge Adolfo Franco Garelik, dijo a San Lorenzo Hoy que la segunda casa que estaba desmantelando era de carácter de alquiler y llevaba casi un año sin pagar por el mismo. Son 11 las familias quienes deben de ser desalojados por falta de pagos, algunos compradores y otros de alquiler.

Los ocupantes refieren que fueron estafados por una mujer de nombre Gladys Medina, a quien abonaban las cuotas recibiendo recibos comunes. Medina se presentó ante los compradores como representante de Ángel Soto, por lo que el pago lo hacían con ella.

Los afectados exhibieron un contrato hecho en una escribanía, en donde figura al principio que el terreno en cuestión costaba 30 millones cada uno, luego Gladys Medina por mensaje de WhatsApp les dijo que ahora el precio es de 52 millones, entonces empezó la duda y fueron a buscar la escribanía, en la dirección que figura en el contrato y no encontraron, entonces exigieron la presencia de Medina, pero ya con recibos legales para seguir abonando y fue ahí que empezó el problema.

El procedimiento se llevó a cabo con el acompañamiento de efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), dos asesores jurídicos de la Policía Nacional, funcionarios de los Derechos Humanos y Codeni, igualmente uniformados de la Comisaría N° 31 y otras comisarías aledañas.

El desalojo seguirá el próximo lunes.

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