Por caso Metrobús, acusan y piden juicio oral para exministro Jiménez

El exministro Ramón Jiménez presentando su informe de gestión de sus cuatro años, el 10 de agosto 2017. (Foto: MOPC).

Tras casi seis años de investigación y luego de que la causa haya pasado por las manos de varios fiscales, la fiscala María Estefanía González presentó el jueves pasado acusación y pidió juicio oral y público por lesión de confianza en el caso del fallido proyecto Metrobús para el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y otros funcionarios de su administración.

El Ministerio Público formuló acusación por un perjuicio millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público contra Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

La agente fiscal de la causa menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

Judiciales.net

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