Plantean cárcel por vacunación irregular

Foto Presidencia.

El Poder Ejecutivo envió este martes al Congreso un proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que recoge las experiencias de lo aplicado hasta el momento en el control de la pandemia y crea nuevas figuras del tipo penal, informaron fuentes estatales.

Estas figuras corresponden a la inmunización irregular de vacunas, es decir la aplicación de dosis contra la COVID-19 para persona a las que no les correspondía conforme al Plan Nacional de Vacunación. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.

Ambas figuras se aplican a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentan a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurtos y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular, indicó el jefe de Gabinete Civil, Hernán C. Hutteman.

El proyecto de ley también detalla los procedimientos de control de las medidas sanitarias, que estará a cargo del Ministerio de Salud y comprende el incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

Este tipo de sanciones serán de carácter administrativo y cuentan con multas de 2 a 300 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad del hecho y su reincidencia, indicó Hutteman.

En el caso de las multas, las mismas irán a una cuenta especial fiscalizada por el Ministerio de Hacienda y que será destinada a los programas relacionados con la emergencia sanitaria, señala el texto del proyecto.

Cabe recordar que la semana pasada tomó estado público un caso de hurto de frasco de COVAXIN en el Hospital General de San Lorenzo (HGSL). El fiscal Julio César Ortiz investiga.

Junta de Emergencia Sanitaria

El proyecto de ley también establece la creación de una “Junta de Emergencia Sanitaria” conformada por autoridades del Poder Ejecutivo, que se reunirá de forma ordinaria cada 15 días y de forma extraordinaria en circunstancias urgentes.

A través de esta junta se recibirán reportes del Ministerio de Salud, se evaluarán las medidas sanitarias vigentes y será la instancia de diálogo con los sectores empresariales, comerciales y otros, afectados por las medidas aplicadas mientras dure la declaración de emergencia por la pandemia.

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