El Ministerio del Ambiente culminó el sumario administrativo contra la firma Novex S.A. en el marco de la investigación del accidente laboral que se registró el pasado 7 de febrero, en este caso, por la contaminación del arroyo San Lorenzo. La firma Novex S.A. deberá pagar una multa de más de G. 1.600 millones.
La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) concluyó el sumario administrativo abierto contra la firma Novex S.A. tras el accidente laboral que se registró el pasado 7 de febrero dentro de las instalaciones de la fábrica de embutidos.
Por infracción gravísima del artículo 11 de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, resolvió sancionar a la empresa al pago de una multa equivalente a 15.000 jornales mínimos, que representa la cifra total de G. 1.614.405.000.
El equipo del Mades constató que efluentes crudos sin tratamiento previo eran vertidos al arroyo San Lorenzo, a través de cañerías conectadas directamente al cauce hídrico.
Los efluentes eran depositados en cuatro tanques de fibra de vidrio, con una capacidad de 45.000 litros cada uno, interconectados ente sí, «por lo que el daño que se causó y podría seguir causándo es de grandes proporciones».
Asimismo, el Mades dio a Novex S.A. un plazo de 10 días hábiles para la cancelación de la sanción; de lo contrario, serán aplicadas otras penalizaciones establecidas en la Ley 1.561/00, que crea el Sistema Nacional del Ambiente.
Otra exigencia que deberá cumplir la firma tiene que ver con la presentación de un plan de adecuación con las medidas correctivas en el tratamiento de efluentes ante la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y la Dirección de Asesoría Jurídica.
El Ministerio Público incluso imputó el pasado mayo a Cristine Vogel Diedrich, representante de la empresa Novex S.A., por procesamiento ilícito de desechos.
Fuga de amoníaco
El Mades procedió a la apertura de un sumario administrativo a la firma tras la explosión de un cilindro cargado con amoníaco que ocurrió en horas de la tarde del pasado 7 de febrero y provocó destrozos en un radio aproximado de 10 metros.
Como consecuencia del contacto con gas tóxico, 33 trabajadores tuvieron que ser internados en distintos centros asistenciales, de los cuales 15 permanecieron varias semanas en terapia intensiva por la gravedad de sus cuadros.
La fuga se cobró la vida de cuatro funcionarios: Gustavo Notario, Nelson Vera, Sergio González y Elías Salinas.
Si bien aún falta el resultado del peritaje, la hipótesis que se maneja hasta el momento es que la explosión fue a causa de que el cilindro no resistió la presión de la carga, por la alta temperatura del lugar.
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