Ante la falta de respuestas, el concejal Isaac Rojas reiteró a la Intendencia una serie de pedidos informes respecto al ejercicio fiscal 2024. Por otro lado, solicitó a la Presidencia de la Junta y por mandato del pleno que la Contraloría audite el mencionado ejercicio con base a un dictamen de Auditoría Interna, que refiere, entre otros, un presunto daño patrimonial.
La semana pasada, en la adelantada sesión ordinaria de la Junta Municipal, el concejal Isaac Rojas (PLRA) reiteró un pedido de informe a la administración del intendente Felipe Salomón sobre el ejercicio fiscal 2024. La dudosa Memoria y Balance General, Ejecución Presupuestaria e Informes Financieros del Ejercicio Fiscal 2024 había sido aprobado el miércoles 15 de abril de 2025. Votaron en contra Isaac Rojas, Nicolás Verón (San Lorenzo Puede) y sorpresivamente Luz González (PLRA).
Primer cuatrimestre
En su nota, el concejal refiere que en ocasión del análisis del primer cuatrimestre en la Ordenanza N° 12/2023 se aprobaron ingresos y gastos por organismo financiador, en el ajuste realizado, se disminuyó royalties y se aumentó genuino. Se consultó: «¿Cómo queda lo aprobado por ordenanza? Atendiendo a que sufrieron variaciones los gastos. ¿Y el equilibrio con los ingresos? Ya que no se remitió ajuste en ingresos, tampoco la resolución justifica la variación».
Segundo cuatrimestre
Entre la ejecución presupuestaria de ingresos del mes de abril y mayo, en la columna de devengado/acumulado, en el mes de mayo debía reflejar exactamente lo ejecutado (recaudado) a abril. El reporte de abril arroja la suma de G. 70.871.798.504, mientras que en mayo el reporte fue de G. 70.877.465.996, dejando una diferencia de G. 2.667.492. La pregunta fue: «¿Cómo se dio ingreso a ese dinero de abril en junio, cómo emitió el sistema el comprobante de ingreso de abril en junio, cómo quedó el comprobante de ingreso que se emitió en ese concepto?».
Por otro lado, el Consejo de Desarrollo Pro San Lorenzo sigue sin presentar su rendición de cuentas a la Junta Municipal.
Tercer cuatrimestre
Con relación al comportamiento de gastos de mes a mes durante el 2024, se observó que el promedio de (6 mil millones) se triplicó en diciembre.
En relación a los informes financieros se realizaron las siguientes observaciones: 1, no se dio cumplimiento a la ordenanza de presupuesto y al artículo 186 de la Ley Orgánica Municipal que dispone que a más tardar el 30 de enero debe de elaborarse y aprobarse el plan financiero, pese a las solicitudes de la Junta. 2, tampoco se dio cumplimiento al artículo 34 de la ordenanza de presupuesto y al artículo 167 de la Ley Orgánica Municipal que dispone que la Intendencia deberá elaborar y presentar a la Junta Municipal a más tardar el 28 de febrero del 2024 un plan quinquenal y anual de pavimentación, basado en un relevamiento técnico, el interés general y las estimaciones financieras del fondo especial para la pavimentación. Dicho plan debe ser actualizado anualmente e incorporado su ejecución en la ordenanza de presupuesto. 3, se realizaron pagos en violación a la ordenanza de presupuesto que establecía que el rubro de gastos de representación debía ser asignado al intendente en su carácter de representante legal y a los concejales municipales en carácter de responsables de la conducción política legislativa de la identidad. Sin embargo, se observaron pagos efectuados en dichos conceptos al secretario general y a la directora general de Administración y Finanzas.
En cuanto a la remisión del informe financiero, la intendencia no remitió los siguientes documentos: 1, extractos de cada cuenta, solo conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2024. 2, detalle de la deuda flotante, fue ingresado posterior al tratamiento de los informes financieros en la Junta. 3, se modificaron los montos con relación a la ordenanza aprobada sin ser comunicado a la Junta Municipal. 4, montos de la ejecución que forma parte de los informes financieros, no coinciden con la ejecución agregada al informe del tercer cuatrimestre, ambos al 31 de diciembre de 2024, con respecto a lo recaudado. 5, en los informes se evidencia uso de los fondos de inversión en gastos corrientes, sin que haya sido agregada al informe la resolución que lo justifique, ni prevea un plan de reposición.
Presunto daño patrimonial
De acuerdo con el informe del director general de Auditoría Interna de la institución municipal, la administración Salomón habría incurrido en algunos presuntos hechos que configuraría daño patrimonial.
- G. 177.379.519 en costo financiero abonado por la demora en el pago del préstamo contratado en el 2023.
- G. 6.979.301.477 correspondientes a fondos de inversión fueron utilizados en el 2024, pero devueltos con ingresos de 2025, pero ese dinero ya no podrá financiar el 2025, debido a que en el 2024 se había utilizado.
- Gastos en la ciclovia municipal. Recursos de capital y fondos de inversión en inmueble que no es propiedad de la institución.
- Tampoco se tiene retorno de solicitudes de informes sobre desapariciones de bienes institucionales: las butacas del polideportivo municipal, varios equipos y maquinarias de la mataderia municipal.
- Respaldo y detalle de las obras pagadas por orden judicial.
- Cobro en varios conceptos como funcionario municipal de Gustavo Rolando Gómez Servín, director general de Talento Humano de la Municipalidad de San Lorenzo y en la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal (al mismo tiempo).
- No fueron remitidos a la Junta Municipal los contratos suscritos con los adjudicatarios o concesionarios en virtud de los llamados a licitación pública y a licitaciones por concursos de ofertas para su respectiva aprobación o rechazo, en violación al artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal.
Dictamen de Auditoría Interna a la Contraloría
Asimismo, fue aprobado por unanimidad que el dictamen DGAII N° 04/2025 de la Dirección General de Auditaría Interna Institucional, que registra presuntos daños patrimoniales expuestos más arriba, sea remitido a la Contraloría General de la República (CGR) a fin «de que pueda ser objeto de una auditoria el periodo al que corresponde el mismo».
Pedido de informe al secretario general
Finalmente, solicitó explicaciones al secretario general, Santiago Rojas, respecto a las escasas resoluciones publicadas, ya que «solo se hallan publicadas (en el icono de transparencia del portal institucional) 5 resoluciones promulgadas, de más de 100 dictadas por esta Junta Municipal, soslayando su responsabilidad jurídica, establecida en el Art. 44° de la ley 3966/2010».
El pedido de informe tiene en un plazo máximo de 48 horas, pero hasta la fecha no fueron respondidos, confirmó el proyectista.
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