El martes en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que establece las medidas para la reforma del sistema jubilatorio y pensiones del sector público, de la reforma de la Caja Fiscal, por lo que el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo.
El pleno de la Cámara de Diputados, por 49 votos a favor, aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y sancionó el proyecto de ley «Que establece medidas para la Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Reforma de la Caja Fiscal)».
Se trata de una versión más flexible que la aprobada por la Cámara de Diputados, en primera instancia, que se guio por las recomendaciones de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En efecto, legisladores de la Cámara Baja evidenciaron que esos mismos técnicos avalaron ante los senadores una postura considerablemente más permisiva que la que habían defendido ante los diputados.
Alegaron que esa contradicción no pasó inadvertida y terminó convirtiendo a la Cámara Baja en el blanco preferido de la crítica de los sectores afectados, los que, aunque tampoco conformes con el texto de Senadores, lo asumieron como el mal menor.
Principales modificaciones
La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), titular de la Comisión de Presupuesto, explicó las principales medidas establecidas en el proyecto y citó las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta.
«Este proyecto busca fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal y asegurar el futuro de los aportantes y jubilados», remarcó.
Entre las modificaciones aprobadas por el Senado, citó el aumento del aporte estatal del 5 % al 10 %.
En cuanto a la jubilación ordinaria de asegurados del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales se estableció 53 años de edad y 25 años de aporte, con una tasa de sustitución del 78 %, que se incrementa, progresivamente, hasta 90 % a los 58 años de edad y 30 años de servicio.
Igualmente mencionó un reconocimiento de años por maternidad: hasta dos hijos para mujeres del magisterio y docentes universitarios, a partir de 25 años de aporte, establecido en el artículo 12.
En cuanto a la jubilación extraordinaria, se estipuló para docentes incapacitados entre 15 y 20 años de servicio, con una tasa de sustitución del 40 %.
Para asegurados de las Fuerzas públicas, se disminuye la edad jubilatoria de 57 a 55 años y 25 años de aporte; la tasa de sustitución se establece en 75 % con 55 años de edad, y 90 % a 60 años y 30 años de servicio.
Asimismo, mencionó el impacto de los escenarios de la reducción proyectada del déficit. Dijo que la aprobación de la versión Senado del presupuesto reduce el déficit proyectado de 800 a 600 millones de dólares.
«Este ajuste representa un ahorro directo de 200 millones de dólares para las arcas del Estado, mejorando la posición de la caja y consolidando la meta fiscal establecida para el ejercicio correspondiente», señaló la legisladora Villalba.
En el mismo sentido hizo uso palabra el diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), y subrayó la necesidad de avanzar con la reforma y que la versión aprobada por el Senado es la que logró mayor consenso político y social.
Enfatizó que en estos momentos lo primordial es evitar que los estudiantes se vean afectados por eventuales medidas de fuerza del sector docente, por lo que la aprobación del documento es lo recomendable.
Tras un amplio debate, el documento quedó finalmente sancionado y pasa al Ejecutivo para su promulgación.
«Inconsistencias» en la versión Senado
La diputada Cristina Villalba, no obstante, dejó constancia ante pleno acerca de algunas inconsistencias o errores incluidos en la versión de la Cámara de Senadores.
Mencionó que el artículo 12, en donde las mujeres docentes en general serán beneficiadas con un año jubilatorio por cada hijo, no fueron incluidas las mujeres de otros sectores. «Desde nuestra Comisión no aceptamos esta inequidad», enfatizó.
Al respecto del artículo 14, dijo que también se visibilizó un error ya que se incluye como requisito para acceder a la jubilación transitoria la edad de 58 años a magistrados y aclaró que la petición de este sector fue que se les dé el mismo tratamiento que a los docentes. Es decir que con 20 años de aporte puedan decidir si se acogen a la jubilación actual o esperar por la nueva normativa.
«Es importante que después de la promulgación de este proyecto llamemos a un gran dialogo nacional y dar un estudio integral a la propuesta, ya que es fundamental asegurar los haberes de los funcionarios», sugirió al pleno.
En el mismo sentido, se expresó la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien solicitó que, una vez publicada la normativa por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados presente un nuevo proyecto de ley que apunte a la modificación de estos dos artículos mencionados.
«Hoy ya no podemos modificar este proyecto, pero solicito a la plenaria que modifiquemos esto una vez publicado por el presidente», esgrimió.
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Con información de Dirección de Comunicación de Cámara de Diputados
