Ayer, la Cámara de Diputados aprobó los pedidos de acuerdo constitucional para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. La aprobación se llevó a cabo teniendo en consideración los dictámenes emitidos por las comisiones especiales.
En una sesión extraordinaria celebrada el miércoles, la Cámara de Diputados concedió el acuerdo constitucional que habilita al Poder Ejecutivo a intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, administradas por Óscar Rodríguez y Miguel Prieto, respectivamente.
En cuanto a Ciudad del Este, tras un extenso debate, la votación concluyó con 47 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones.
El diputado Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), presidente de la Comisión Especial que analizó el pedido, defendió el dictamen en mayoría recomendando la intervención.
Según el diputado Aguilera, existen «indicios relevantes» de irregularidades que justifican la medida. Entre las observaciones más graves, mencionó la falta de respaldo documental por unos G. 42.000 millones, así como inconsistencias en transferencias, contratación de proveedores y ejecución de obras.
«Las irregularidades detectadas por la Contraloría incluyen estados financieros presentados con graves inconsistencias como saldos irregulares; clasificaciones erróneas; variaciones injustificadas y omisión de transferencia de recursos a otros organismos y entidades del Estado (…)», detalló Aguilera durante su intervención.
Añadió que, pese a los hallazgos, el Ministerio Público no ha dado respuestas concretas sobre los reportes de indicios de hechos punibles remitidos por la CGR.
El dictamen destaca además la reiteración de las faltas observadas por el organismo de control, como la asignación irregular de recursos de Fonacide, royalties y compensaciones; pagos a proveedores sin la documentación exigida y transferencias sin rendición de cuentas. El diputado Aguilera subrayó que «las transgresiones persisten y afectan gravemente los recursos municipales».
Respecto al caso Asunción, el documento remitido por el Poder Ejecutivo, con argumentaciones formuladas por la Contraloría General de la República (CGR), contó con el respaldo de 74 votos por la aprobación y una sola abstención.
Entre las principales causales de la solicitud de intervención, se habla de una falta de documentación por parte de la administración municipal por un monto de G. 500.000 millones.
Las actividades de control realizadas por la CGR, tales como las auditorías, engrosaron las argumentaciones que sustentan el pedido.
El titular de la Comisión Especial que estudia la solicitud de la intervención, el diputado Rodrigo Gamarra (ANR-Central), aseveró que la intervención no es una sentencia a la actual administración municipal.
Indicó que esta es una herramienta jurídica con la que se busca saber si existe o no un perjuicio al patrimonio público. «Este dictamen no persigue personas, sino que busca que se esclarezcan hechos… Es una oportunidad, no una sentencia, y busca, principalmente, el fortalecimiento institucional», indicó el legislador.
Debate CDE
El diputado colorado Hugo Mesa salió al paso en primer lugar para defender la figura de la intervención como una herramienta legal y constitucional. Recordó que, en el año 2010, cuando el entonces contralor solicitó la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, justamente fue Prieto, quien era entonces concejal, aplaudía y solicitaba que se lleve adelante la intervención.
«Sin embargo, hoy acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natural que realiza los controles del uso de los recursos públicos (…). Me preocupa cuando estamos al frente de un festival de hipocresía, de una doble moral, de un doble discurso cuando queremos defender al chancho de nuestro chiquero», expresó
En contraposición, el diputado Walter García (Yo Creo-Alto Paraná), cuestionó la actuación de la Comisión Especial y defendió la gestión del intendente Prieto. Según el legislador, «todos los puntos fueron refutados» por el jefe comunal.
El legislador cuestionó que la comisión no haya verificado en el terreno la situación en Ciudad del Este. «Cuatro colegas firmamos una diligencia para que la comisión se traslade y constate si existió algún daño patrimonial», remarcó.
Debate Asunción
La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital), defendió la solicitud de intervención alegando una mala utilización de los recursos públicos.
El principal cuestionamiento se dio en cuanto a la utilización de los recursos provenientes por la emisión de bonos municipales en la Bolsa de Valores, conocidos como G8 y G9, los cuales fueron solicitados para el financiamiento de proyectos públicos. Estos, en un principio serían destinados al rubro de obras, pero, posteriormente, eran asignados a otros como el pago de salarios, sin haberlo informado previamente.
«No se pueden utilizar los fondos provenientes de créditos públicos para gastos corrientes. Se mezcló el dinero de los bonos con las demás recaudaciones en una cuenta única», aseveró.
El diputado colorado de capital Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. «Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención», cuestionó.
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