A pedido de la Intendencia, la Junta aprobó sin estudiar G. 6.350 millones para el pago de sueldo de los últimos meses y aguinaldo del personal contratado y jornalero. El concejal Isaac Rojas cuestionó que a un mes del cierre del ejercicio fiscal se haya remitido el pedido de ampliación sin el dictamen del auditor, que al final, a última hora, apareció sorpresivamente.
En sesión ordinaria realizada el miércoles, en medio de cuestionamientos, la Junta Municipal dio su visto bueno al Proyecto de Ordenanza de Ampliación de Ingresos y Gastos de la Municipalidad de San Lorenzo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.
Inicialmente, el concejal Isaac Rojas (PLRA) solicitó «informe con respecto a los motivos que (…) llevaron a esperar hasta el último mes del año para solicitar una ampliación», al tiempo de criticar la «falta de previsión del área administrativa», ya que recién el pasado 25 de noviembre se solicitó la ampliación (de G. 6.350.000.000) para el pago de sueldo de los últimos meses y aguinaldo del personal contratado y jornalero.
«El 25 de noviembre nos envía la directora administrativa una nota solicitándonos una ampliación, a un mes del cierre. La directora general de Administración y Finanzas se dio cuenta de que le falta presupuesto para pagar los últimos meses del año y aguinaldo; quiero nomás que se entienda bien, los últimos meses, dice, quiere decir que no es diciembre nomás lo que falta, quiere decir que hay compañeros contratados y jornaleros que todavía no están cobrando octubre y noviembre», refirió Rojas.
Resaltó que el pedido de ampliación «habla de los últimos meses» y advirtió que el presupuesto no se puede utilizar retroactivamente: «Va a poder pagar de diciembre, pero no de octubre y noviembre».
Sin embargo, confirmó que «hay quienes ya están mejor, porque no se les debe ni un solo guaraní». En ese sentido, mencionó a los guardias privados:«A los guardias privados que ganan siete millones y medio, ocho millones seiscientos, ellos están al día; su presupuesto inicial era de 514 millones, se le reprogramó 232 millones, actualmente 746 millones se les pagó, no se les debe nada. Pero ellos son empresas privadas, pues no son contratados ni son jornaleros».
También mencionó el rubro de honorarios profesionales (HP): «Nuestro presupuesto inicial era de 3.500 millones; se reprogramó 2.900 millones. Actualmente estamos al día con los HP; se pagó 6.421.070.000. En HP entran toditos los honorarios profesionales, entran toditos los productos, fiscalizaciones. Están todos al día, no se les debe ni un solo guaraní. ¿Y quiénes son ellos? Son amigos que han sido digitados a dedo por el Ejecutivo Municipal».
Asimismo, resaltó que el préstamo no se está pagando: «El préstamo no estamos pagando; nuestro compromiso era de 19.932.772.237, lo que estamos debiendo; se obligó 16.000 millones; de los 16 mil se pagó 13 mil, y hay todavía pendiente de pago 3 mil, más de 3 mil de diferencia; 6.000 millones estamos debiendo todavía».
Agregó que en cuanto a los intereses del banco, se tenía 1.900 millones a pagar y que aún se debe 94 millones. A todo esto, dijo que hay que sumar «los atrasos que se van a abonar».
A su vez, el concejal Nicolás Verón (PPS) mencionó que en el pedido de ampliación no se cumple con el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal (que establece que toda solicitud de ampliación presupuestaria presentada por la unidad de administración y finanzas deberá ser sustentada en la demostración fehaciente de la existencia de estos ingresos adicionales por fuente de financiamiento. Estos ingresos adicionales deberán ser suficientes para financiar las ampliaciones solicitadas y deberá contar con el dictamen técnico de la unidad auditora institucional o asesoría económica).
«Acá no está el dictamen de auditoría, como nosotros le vamos a aprobar en violación a lo que establece el artículo 45», reclamó el concejal Verón.
Sorpresivamente, aparece dictamen de auditor
Por lo ya expuesto, el concejal Isaac Rojas solicitó que el Dictamen N° 249 /2025 de Hacienda referente a la ampliación presupuestaria sea retirado y pidió que la directora general de Administración y Finanzas, Karina Valdovinos, sea convocada con el fin de que dé explicaciones al respecto.
Entre otros, durante su argumentación señaló que la directora Valdovinos mintió en su solicitud cuando refirió: «En el caso del personal bajo el régimen de IPS con aumento salarial en el presente año, si bien dicho incremento tuvo un impacto moderado, la actualización obligatoria generó una variación acumulativa». A renglón seguido dijo que la institución ya contaba con presupuesto para IPS: «Nosotros sabíamos que íbamos a meter gente en IPS, que iban a salir de jornales, y había presupuesto para eso. Lo que yo no puedo decir, que es importante también, a lo mejor el director de Talento Humano metió gente y no le avisó a la directora».
El planteamiento de que el dictamen sea retirado fue secundado por el concejal Nicolás Verón.
Seguidamente y de manera sorpresiva, el presidente Hernán Domínguez (ANR) informó a la plenaria de que el dictamen del auditor fue remitido ese día (miércoles) por el Ejecutivo y que simplemente se ha «traspapelado», y solicitó que la misma sea leída a través de la secretaria.
El dictamen de auditoría respalda el proyecto de ordenanza de ampliación en la estimación de ingresos genuinos.
Justifica el pedido en que, de acuerdo con el informe de ejecución de ingresos al 31 de octubre de 2025, se ha registrado un nivel de ejecución en general de los ingresos corrientes genuinos en alrededor del 71 % de lo presupuestado para el presente ejercicio, debiendo tener en cuenta que han vencido los plazos de impuestos de alta ejecución e incidencia como impuesto inmobiliario, patente de rodados y patente comercial.
En ese sentido, la auditoría concluye que «la solicitud de ampliación del presupuesto de servicios personales, especialmente el objeto de gastos 144, jornales, supone haberse incumplido… No obstante, puede considerarse la incidencia mínima en el contexto global de la administración presupuestaria del ejercicio fiscal en curso…».
Por lo que, entre otros motivos, «considera razonable el proyecto de ampliación presupuestaria de G. 6.350 millones que representa el 5.28 % del total del presupuesto de ingresos corrientes genuinos del ejercicio en curso».
Seguidamente, el concejal Rojas solicitó nuevamente la palabra. Contrapuso el informe del auditor y expuso brevemente un comparativo de las recaudaciones en el rubro del impuesto inmobiliario.
«En impuesto inmobiliario teníamos un presupuesto de 33.500 millones que es genuino. Podemos ver que a la fecha se ha recaudado 30.704 millones; para que podamos cumplir nuestro presupuesto, faltan 1.454 millones; hoy nos piden una ampliación de 2.500 del rubro. En comparación con noviembre del año pasado, habíamos recaudado solamente 1.200 millones, y en diciembre del año pasado no pasamos los 2.000 mil millones», indicó.
En ese contexto, afirmó que no se ha demostrado fehacientemente de dónde el Ejecutivo sacará los recursos: «Vamos a comprometer el dinero que quizás no tengamos».
Hizo lo propio el concejal Nicolás Verón, calificó de «poco serio» y de «burla» que hayan enviado a última hora el dictamen de auditoría.
«Y si se traspapeló, bueno, que se nos remita como corresponda ahora, que se dé ingreso, que se dé tiempo de estudiar, que se llame a extraordinaria si es que hay que llamar a extraordinaria, y se apruebe o rechace como corresponde», reclamó el concejal Verón.
Finalmente, se procedió a la votación, donde los concejales Isaac Rojas, Nicolas Verón y Luz González (PLRA) votaron por el retiro del dictamen (249), mientras que el resto votó por la aprobación de la ampliación presupuestaria, entre ellos el concejal Alcibíades Quiñonez (ANR [HC/A]). Estuvieron ausentes los concejales Hugo Lezcano (ANR [HC/B]) y Pedro Martínez (ANR [HC/B]).
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