Concejales aprobaron cambios en la normativa que regula la tala y poda de árboles en el municipio. Mientras unos cuestionaron que la normativa anterior dejaba vía libre a discrecionalidades, se endurecieron las críticas hacia la gestión del director del área, Julio Villalba, a quien acusaron de actuar «cortándose solo». Finalmente, se estableció un trabajo conjunto entre Planificación y Medio Ambiente.
El debate sobre el cuidado de los espacios verdes y el arbolado urbano en San Lorenzo escaló de tono durante la última sesión ordinaria de la Junta Municipal. Los ediles debatieron y aprobaron modificaciones clave al artículo 10 de la Ordenanza N° 16/2020, que regula la plantación, poda, tala, trasplante y cuidado de árboles dentro del municipio.
La propuesta inicial fue presentada por el presidente del legislativo comunal, Hernán Domínguez (ANR), bajo el argumento de buscar un «mayor control» en los procedimientos. Según expuso Domínguez, la normativa vigente permitía que la Dirección de Medio Ambiente emitiera órdenes directas sin que los expedientes pasen por el filtro de la Intendencia, un vacío que —a su criterio— ameritaba correcciones.
Sin embargo, el proyecto generó chispas en el pleno. El concejal Nicolás Verón (PPS) calificó la iniciativa original de «ilegal», advirtiendo que contravenía la Ley N° 4.928/2013 de protección al arbolado urbano. Verón sostuvo que la legislación nacional es clara al estipular que la dependencia técnica correspondiente para aprobar o rechazar intervenciones de esta índole debe ser Medio Ambiente, y recordó a sus pares que el rol de la Junta es legislar y no dejar toda la reglamentación a discreción del Ejecutivo.
Cuestionamientos a la gestión interna
La discusión política no tardó en volverse personal contra las autoridades de la dependencia ambiental. El concejal Isaac Rojas (PLRA) respaldó las modificaciones con duras críticas hacia el director de Medio Ambiente, Julio Villalba.
«Hoy dentro de la Dirección de Medio Ambiente se hace lo que se quiere y se resuelve como se quiere las cosas, ni siquiera hay un control», sentenció Rojas, quien además cuestionó que no se le puede dar «libre acción» a un funcionario que, según deslizó, actuaría de manera independiente e incluso insinuó presuntas irregularidades en cobros particulares por gestiones de poda.
El consenso final
Tras el debate y las observaciones planteadas para blindar legalmente el proceso, el proyecto sufrió modificaciones sobre la marcha.
Finalmente, se determinó que la Dirección General de Planificación y Gestión Territorial y la Dirección de Medio Ambiente operarán de manera conjunta en las verificaciones y autorizaciones de tala y poda en la ciudad.
