Pobladores de los barrios Reducto y Lérida se manifestaron frente al predio del Consorcio Victoria. Acusan a la empresa de desacatar la Resolución IMSL N.º 1590/2026 y exigen su clausura definitiva y traslado a una zona industrial.
Vecinos de los barrios Reducto y Lérida volvieron a manifestarse frente al predio del Padrón N.º 3607, donde opera una planta asfáltica perteneciente al Consorcio Victoria. Los pobladores denuncian que la empresa continúa con sus actividades a pesar de existir una resolución municipal que ordenó la paralización inmediata de todas sus operaciones.
La Municipalidad de San Lorenzo había dispuesto el cese de actividades mediante la Resolución IMSL N.º 1590/2026, emitida a comienzos de este mes tras intensas movilizaciones ciudadanas. La medida establecía la prohibición de cualquier tipo de trabajo en el sitio hasta tanto se cumpliera íntegramente con las exigencias documentales, técnicas y fiscales. Sin embargo, los manifestantes afirman que la planta nunca dejó de funcionar.
De la protesta participó Sylvia Villalba, referente de la organización Defensores de San Lorenzo y candidata a concejal municipal, quien acompaña el reclamo desde sus inicios.
«Lo dijimos cuando salió la resolución: una paralización no es un traslado. Lo que no imaginábamos es que ni siquiera se iba a cumplir la suspensión», señaló Villalba. «Hay una resolución firmada por la Municipalidad y una planta que sigue encendida. Alguien tiene que explicar quién la está haciendo cumplir», agregó.
Con anterioridad a la resolución, se había constatado que el Consorcio Victoria —integrado por las empresas Construcciones Civiles S.A. y Tecsul S.A.E.— no contaba con la habilitación municipal correspondiente. Ante esta situación, los vecinos sostienen que la planta opera de manera clandestina al ignorar una orden administrativa expresa.
Contaminación y producción alimentaria
Al reclamo por el uso del suelo se suma otro factor alarmante: el predio en cuestión es compartido con la huerta de Fresh Foods, dedicada a la producción de alimentos. Según las denuncias, los propietarios del cultivo son quienes arriendan parte del terreno a la planta asfáltica.
«Es difícil de entender. Le alquilan el terreno a una industria contaminante en el mismo lugar donde producen los alimentos que luego van a la mesa de la gente», cuestionó Villalba. «No solo se arriesga la salud de los vecinos, sino también la de los consumidores», acotó.
Incompatibilidad con el plan urbano
El eje central del conflicto radica en la zonificación. Los barrios Lérida y Reducto están clasificados como Zona Residencial de Baja Densidad en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de San Lorenzo, categoría que no admite industrias de este tipo. Los pobladores reportan constantes emisiones de humo, olores penetrantes, vibraciones y ruidos molestos que afectan de forma directa a adultos mayores, personas con discapacidad y niños con afecciones respiratorias.
Las denuncias formales ya fueron presentadas ante la Municipalidad de San Lorenzo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
«De ninguna manera se puede instalar una industria contaminante en pleno barrio residencial. Las zonas industriales existen para eso: que la planta trabaje, pero donde corresponde y no al lado de las viviendas», concluyó Villalba.
Los afectados ratificaron que continuarán con las medidas de fuerza hasta que las autoridades municipales dispongan la clausura definitiva y el traslado formal de la planta.
