A pedido del Ejecutivo Municipal, la Junta modificó la Ordenanza N° 21/2024 con el fin de que la Municipalidad local se adecue a la Ley N° 7447/25, que unificó los costos de las patentes vehiculares. Aunque la institución municipal comenzó a cobrar de formar irregular antes de la mencionada modificación. La oposición cuestionó la incoherencia del Ejecutivo, ya que, por un lado, se adecua a la ley, mientras que por el otro presenta una acción de inconstitucionalidad.
El miércoles pasado, la Junta Municipal modificó la Ordenanza N° 21/2024, por la cual se aprueba la ordenanza tributaria para el ejercicio fiscal 2025, específicamente los artículos 113, 114 y 115, de modo a que la Municipalidad de San Lorenzo se adecue a la Ley N° 7447/25, que establece la unificación del costo del impuesto de patentes vehiculares en todo el país. No obstante, la institución municipal apenas promulgada la polémica ley ya comenzó a cobrar conforme a los nuevos precios.
Al respecto, el concejal Isaac Rojas (PLRA) pidió al intendente Felipe Salomón «coherencia», ya que, por un lado, dice que presentará una acción de inconstitucionalidad, y, por el otro: busca legalizar los cobros que venía realizando su administración. En ese sentido, subrayó que hasta en ese momento, el cobro era «ilegal», ya que las mismas no fueron aprobadas por la Junta.
«Ninguna ordenanza es retroactiva, ¿cómo va a justificar estas dos o tres semanas que estuvo cobrando? Una vez que se promulga recién se obliga su cumplimiento», agregó el concejal Rojas.
Por su parte, el concejal Nicolás Verón (Concertación San Lorenzo Puede) calificó la ley de habilitación vehicular de «inconstitucional».
«Para mi es una ley inconstitucional esto de querer imponer a los municipios cuanto tiene que cobrar, ya que la Constitución nos da una autonomía justamente para este tipo de cuestiones», expresó el concejal Verón.
La cuestionada modificación fue aprobada con dos votos en contra y una abstención.
Acción de inconstitucionalidad
La Municipalidad de San Lorenzo, al igual que Ñemby, Villa Elisa y otros, presentaron el pasado miércoles una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley N° 7447/2025, que fija un tarifario para las habilitaciones vehiculares.
Entre los argumentos, destacan que la Constitución Nacional garantiza la autonomía administrativa, política y normativa de las municipalidades, así como la autarquía en la recaudación e inversión de los recursos.
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